Aula de la bronca - El gobierno de Milei desata un paro universitario nacional al incumplir la ley de financiamiento y presentar un proyecto que recorta $2,5 billones en salarios
Mientras un fallo judicial ordena aplicar la norma que actualiza haberes según la inflación, el Ejecutivo insiste con aumentos del 4,1% que omiten pérdidas desde 2023. Los docentes, con sueldos que llegan a $250.000, anuncian medidas desde el 16 de marzo en pleno inicio del ciclo lectivo.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2026. El sistema universitario público se sumerge en una tormenta perfecta: salarios congelados, transferencias presupuestarias que apenas llegan al 16% y un gobierno que prefiere ignorar una ley vigente antes que cumplirla. La crisis salarial, que ya hizo renunciar a numerosos docentes por haberes "totalmente deprimidos" según el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, estalló en convocatorias de paro nacional desde el próximo 16 de marzo. Las asociaciones gremiales exigen lo que el Congreso ya aprobó: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ordena recomponer salarios al ritmo de la inflación desde diciembre de 2023.
La contradicción es jurídica y política. En febrero, el juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y mandó aplicar la norma de inmediato. Pero el gobierno de Javier Milei apeló la medida y presentó un proyecto alternativo que, según cálculos del Centro de Investigación de Economía Nacional, reduce en $2,5 billones lo que recibirían los trabajadores. La iniciativa oficialista propone tres aumentos del 4,1%, reconoce solo pérdidas de 2025 y elimina el ajuste mensual por inflación. Mientras, la ley actual exige actualizaciones bimestrales para salarios, funcionamiento y partidas de salud y ciencia.
Detrás de la pulseada hay un cálculo electoral mezquino. En algo más de un mes se realizarán elecciones en la Universidad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza intenta ganar espacio en facultades como Derecho o Económicas. Un clima de conflicto abierto podría perjudicar su performance. Por eso, fuentes oficiales admiten que esperan una reunión en la Casa Rosada para definir la hoja de ruta, tratando al financiamiento universitario como "excepción" en una agenda que recién moverían en abril. El tiempo, sin embargo, se agota: el ciclo lectivo 2026 arranca con advertencias de rectores sobre un cuatrimestre crítico, donde el 93% del presupuesto ya se destina a salarios que perdieron 29% de poder adquisitivo desde 2023.
El desenlace pinta sombrío. Los gremios no solo convocaron a paros y movilizaciones, sino que evalúan extender las medidas "por tiempo indeterminado". El proyecto del oficialismo, negociado por el subsecretario Alejandro Álvarez con algunos rectores, limita además la actualización de gastos de funcionamiento solo si la inflación anual supera el 14,3%. Una trampa técnica que congela la crisis en lugar de resolverla. Así, lo que debería ser un derecho conquistado por la oposición tras insistir sobre vetos presidenciales se transforma en otro frente de ajuste donde la educación pública paga el precio.