El laberinto de las infracciones en CABA: entre la arbitrariedad de los controladores y un sistema que recauda “mal”
El sistema de gestión y control de infracciones en CABA prioriza una recaudación discrecional y segmentada, caracterizándose por la arbitrariedad de los controladores y la falta de transparencia en el tratamiento de infracciones.
El laberinto de las infracciones en CABA: entre la arbitrariedad de los controladores y un sistema que recauda “mal”
El sistema de control vial de la Ciudad de Buenos Aires padece una contradicción estructural insostenible. Mientras el mapa porteño se puebla de cámaras automáticas de última tecnología que labran millones de infracciones anuales, la tasa de cobro efectivo de infracciones apenas araña el 30% o 40%. El 60% restante se transforma en un "clavo" administrativo inubicable. Esta brecha expone que el modelo actual no educa al conductor ni asusta al evasor; en cambio, ha montado un embudo burocrático donde la resolución de las faltas queda sujeta al discrecional (o “negligente”) arbitrio de los Controladores Administrativos de Faltas.
Con el paso de los años luego de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) se ha convertido en una laguna turbia y oscura de favores políticos y cajas paralelas de recaudación tanto para la política como para la familia judicial . La figura del controlador,arrastra un severo desgaste institucional devenida en administradores que pareciera que lo único que hacen es gerenciar pymes para-estatales para amigos o “víctimas” vip.
Caso paradigmático de estas tensiones es el del controlador Pablo Damián Borisonik, quien en su momento despertó fuertes controversias vecinales y mediáticas en Clarín al levantar de forma exprés la clausura de un predio comercial en Balvanera (la polémica "Manzana 66"), colisionando de frente con los reclamos de seguridad y espacio público de los residentes. Asimismo, el descontento cotidiano hacia los magistrados de faltas no es una percepción aislada; en foros de usuarios e instituciones como Luchemos por la Vida abundan quejas formales (como las dirigidas hacia el controlador Dr. Mora) que describen un maltrato sistemático, exigencias burocráticas imposibles de cumplir para probar la inocencia y una llamativa inflexibilidad frente a errores evidentes de las fotomultas.
Al mismo tiempo, semanas atrás ciertos arcos del periodismo de investigación pusieron sobre la mesa el nombre de la polémica Carolina Paula Leone, que también orbita directa e indirectamente el circuito de las infracciones en CABA, y quien basta con googlear para no entender del todo hasta donde llega su hilo laboral.
Como si fuese poco, algunos memoriosos aún recuerdan del romance entre Leone y Borisonik, que al mismo tiempo siempre que pudieron intentaron desglosar que entre ellos había un vínculo que excedía lo amoroso, y que por el mismo motivo también se agotó: en barrio de contro(rica)ladores(chones), es solo plata y no amores.
Durante mucho tiempo estos “RR.PP” de multas (en un sistema que recauda más de 65 millones de USD al año) parecían más mitos urbanos que leyendas, pero los tiempos que corren, y seguramente las internas entre sus dueños, empiezan a dejar cada vez más expuesto a un sistema subterráneo que pareciera que a nadie le conviene que emerja a la superficie.