El laberinto de las infracciones en CABA: los hilos conductores que conducen a la Procuración General
Se profundiza el malestar en la politíca porteňa respecto a las subcapas de gestión paralela que habría en el control de infracciones de la Ciudad.
El laberinto de las infracciones en CABA: los hilos conductores que conducen a la Procuración General
La opacidad del sistema de control vial y la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) de la Ciudad de Buenos Aires sigue desprendiendo capas que confirman que el fenomenal negocio de las multas —que recauda más de 65 millones de dólares anuales— no es el resultado de la impericia, sino de una arquitectura política perfectamente aceitada. A las polémicas que ya cercan a figuras como Pablo Damián Borisonik y Carolina Paula Leone, ahora se suma un nuevo nombre de peso que emerge directamente desde las entrañas del propio Gobierno de la Ciudad (GCBA).
Fuentes internas del Ejecutivo porteño aseguran que los cuestionamientos apuntan ahora hacia el controlador Marcelo Gómez. A diferencia de otros operadores de menor perfil, Gómez cuenta con un despliegue estratégico de alto nivel: fue asignado oficialmente mediante la resolución N° 4503 a la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 316, operando en la codiciada sede central de Patricios. Desde allí, según las fuentes, se manejaría un volumen neurálgico de resoluciones exprés y "limpiezas" de actas que escapan al ciudadano común.
Como si fuese poco, se comenta que ahora también hay un mercado de multas fictas, donde Marcelo Gomez sería también un jugador fuerte y eso generaría las críticas (o celos) de quienes comparten estructuras con el funcionario.
Lo que verdaderamente alarma en los pasillos de la DGAI no es la discrecionalidad con la que Gómez ejerce su función, sino el puente directo que lo conecta con la cima del poder judicial y administrativo de la Capital. Quienes caminan los despachos del área viales aseguran que Gómez responde de manera directa al actual Procurador General de la Ciudad, Martín Ocampo. Esta relación es importante, porque la misma procuración es quien lleva adelante los sumarios a los controladores. Casi como una amistad del gato y el ratón.
Ocampo, un histórico de la estructura judicial porteña —exministro de Justicia y Seguridad, ex Fiscal General y pieza clave de la UCR local—, desembarcó formalmente en la Procuración General. Desde ese rol, el funcionario no sólo dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos del Estado, sino que ejerce la representación jurídica y la defensa del patrimonio de la CABA.
La relación entre ambos da sentido al "clavo" administrativo del 60% de multas que jamás se cobran. Fuentes del sector sugieren que la Procuración, al tener bajo su órbita la supervisión de los abogados del Estado y la potestad de avanzar o congelar ejecuciones fiscales, funciona como el paraguas perfecto. El circuito cerraría a la perfección.
Con la mira puesta en el radar de las irregularidades, el mapa de las infracciones porteñas deja de parecer una sumatoria de arbitrariedades aisladas de controladores negligentes. Por el contrario, se consolidaría la hipótesis de un esquema corporativo donde el poder político de la Procuración y la caja millonaria de las multas porteñas se retroalimentarían de manera sistemática.