EXCLUSIVO| La cuenta @PeriodistaRufus podría haber sido financiada por funcionarios de la Cámara de Diputados

Buenos Aires, 11 de junio de 2026

La cuenta @PeriodistaRufus, señalada en sede judicial como instrumento de una campaña sistemática de hostigamiento digital, habría sido financiada mediante una tarjeta de crédito asociada al Honorable Congreso de la Nación Argentina, según surge de un informe elaborado por un estudio jurídico con sede en los Estados Unidos al que tuvo acceso este medio.
De acuerdo con ese documento, el rastreo de los pagos vinculados al funcionamiento y la promoción de la cuenta habría permitido identificar un instrumento de pago corporativo cuya titularidad remitiría al ámbito del Poder Legislativo nacional. El hallazgo, de confirmarse judicialmente, implicaría que una operación de hostigamiento contra una legisladora nacional se habría solventado con recursos públicos.
Las cuentas asociadas
El informe avanza sobre un segundo elemento de igual o mayor gravedad institucional: las cuentas asociadas al instrumento de pago corresponderían a funcionarios de la Cámara de Diputados de la Nación que prestarían servicios para la Presidencia de ese organismo.
Este medio pudo saber que el documento identifica una estructura de usuarios habilitados sobre el medio de pago cuyos titulares revistarían en dependencias administrativas vinculadas a la conducción de la Cámara baja. Hasta el momento, no trascendieron los nombres de las personas involucradas, y ninguna autoridad de la Cámara de Diputados se pronunció públicamente sobre el contenido del informe.
Una cuenta bajo investigación judicial
La cuenta @PeriodistaRufus es objeto de una causa penal en trámite ante la justicia federal (CFP 2547/2026), iniciada a partir de una denuncia por un supuesto hostigamiento sistemático desplegado desde ese perfil contra la diputada nacional Marcela Pagano (Bloque Coherencia). La investigación busca determinar la identidad de quienes operaban la cuenta, su eventual financiamiento y la posible participación de personas con acceso a recursos o información estatal.
El informe del estudio jurídico estadounidense no forma parte —por ahora— de las constancias públicas del expediente, y la información que contiene no ha sido confirmada por resolución judicial alguna. No obstante, fuentes con conocimiento de la causa indicaron a este medio que elementos de esta naturaleza, de ser incorporados, podrían reorientar la pesquisa hacia la trazabilidad financiera de la operación: quién pagaba, con qué fondos y bajo qué autorización administrativa.
Implicancias
Si la hipótesis del informe se verificara, el caso dejaría de ser un episodio de violencia digital entre particulares para configurar un escenario de uso de fondos públicos del Congreso de la Nación destinado al hostigamiento de una diputada nacional en ejercicio. Ello abriría interrogantes sobre eventuales responsabilidades penales —peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad— y administrativas dentro de la propia Cámara de Diputados, además de la responsabilidad por el hostigamiento en sí.
Cabe señalar que ninguna de las personas eventualmente alcanzadas por el informe ha sido imputada por estos hechos, y que rige a su respecto la presunción de inocencia. La confirmación o el descarte de la hipótesis dependerá de la prueba que se produzca en sede judicial, incluyendo los registros de la entidad emisora de la tarjeta y la información administrativa de la Cámara de Diputados.
Negocios y Política intentó obtener la posición de la Presidencia de la Cámara de Diputados antes de la publicación de esta nota. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. Este medio publicará cualquier descargo que las partes mencionadas hagan llegar.