Farmacia del horror - Familiares de las 173 víctimas del fentanilo adulterado salen a la calle para exigir respuestas a un Estado que mira para otro lado

La Plata, 16 de diciembre de 2025. Mientras la Justicia federal avanza a contrarreloj, ampliando pericias y tomando declaraciones que pintan un cuadro de descontrol absoluto en la producción de medicamentos, el Poder Ejecutivo parece anestesiado. Las familias de las 173 personas fallecidas por el fentanilo adulterado de HLB Pharma no aguantan más la parálisis y salen a la calle en dos ciudades clave. No piden limosnas. Exigen verdad, justicia y, sobre todo, que alguien en el Estado dé la cara por el colapso del sistema de control sanitario que permitió esta masacre evitable.

El juez federal Ernesto Kreplak no se tomó vacaciones. Su investigación, que ya tiene 14 imputados procesados –entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios involucrados–, recibió un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense. El documento es lapidario: de 40 historias clínicas analizadas, 38 muertes fueron por infecciones bacterianas vinculadas directamente al anestésico contaminado. Los testimonios de ex trabajadores del Laboratorio Ramallo describen un panorama dantesco: esterilización deficiente, controles relajados y condiciones de trabajo incompatibles con la manipulación de una sustancia letal. La Justicia hace su trabajo. El gobierno, no.

Frente a este abismo entre la acción judicial y la inacción política, las familias organizan movilizaciones espejo en La Plata y Rosario. Su objetivo es claro y concreto: forzar una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Quieren saber qué falló, por qué el Estado no detectó a tiempo las partidas envenenadas y qué medidas tomaron para evitar que esto se repita. Hasta ahora, el único costo político ha sido la salida de la titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, luego de que se revelaran las demoras del organismo en actuar ante las 'irregularidades críticas' en los laboratorios de García Furfaro. Un sacrificio burocrático que no alcanza para tapar el hueco sistémico.

Sin aparatos partidarios detrás y con el único respaldo de algunos medios que mantienen viva la historia, estos familiares se convirtieron en investigadores, gestores y ahora en manifestantes. Recorren despachos, acompañan causas judiciales y ahora salen a las plazas. 'Las 173 muertes no pueden quedar en la nada', advierten. Su lucha ya no es solo por memoria y justicia. Es una denuncia en tiempo real de un Estado que, en pleno ajuste y desmantelamiento de áreas claves, demostró ser incapaz de proteger la vida de sus ciudadanos en el lugar más vulnerable: un hospital. La movilización del 16 de diciembre no es un acto más. Es el grito de quienes se cansaron de esperar respuestas en un gobierno que parece haber perdido hasta el instinto más básico: el de cuidar a su gente.