La Corte Suprema condena sin pruebas, pero el peronismo resiste

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada este martes por el Tribunal Oral Federal N.º 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como “Vialidad”. La sentencia, que aún no está firme, se inscribe en una larga secuencia de decisiones judiciales que, más que aplicar justicia, consolidan el proceso de persecución política que desde hace años opera sobre la exmandataria y sobre todo el movimiento nacional y popular.

Sin pruebas directas, sin pericias contables concluyentes y con un relato sostenido en presunciones, el tribunal decidió condenar a la dirigente que más veces ganó elecciones en las últimas dos décadas. El fallo, según su defensa, “carece absolutamente de sustento jurídico” y será apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia.

“El proceso entero estuvo viciado por la intencionalidad política. No se demostró ni perjuicio económico ni la intervención directa o indirecta de Cristina en los actos administrativos cuestionados. Es una sentencia basada en un guion, no en el Código Penal”, sostuvo el abogado Carlos Beraldi.

La sentencia judicial fue repudiada de inmediato por amplios sectores del peronismo. Gobernadores, intendentes, legisladores y referentes de organizaciones sociales coincidieron en un mismo mensaje: no permitirán que se detenga a Cristina. “Vamos a resistir, con el cuerpo si es necesario. Esto no es sólo por Cristina, es por la democracia y por los derechos políticos del pueblo”, advirtió un dirigente sindical desde la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

Desde el PJ nacional emitieron un comunicado en el que calificaron la sentencia como un “intento de proscripción disfrazado de justicia” y advirtieron que el movimiento irá hasta las últimas consecuencias para impedir que se consume el atropello. “Lo que buscan es impedir que Cristina se presente a elecciones, que vuelva a liderar un proyecto popular. Pero no lo vamos a permitir. El pueblo va a salir a la calle”, dijeron desde la conducción.

Las organizaciones sociales y sindicatos nucleados en la CGT y la CTA ya se encuentran organizando una movilización masiva para este fin de semana. El objetivo: defender no sólo a Cristina, sino la democracia misma, en un país donde los tribunales parecen actuar más como actores políticos que como garantes de derechos.

El contexto no deja lugar a dudas: estamos frente a un nuevo capítulo del lawfare, ese entramado de jueces, medios y servicios que ya operó en Brasil, Ecuador y Bolivia. En Argentina, la historia se repite. Pero también se repite la resistencia.

Mientras tanto, la expresidenta, serena pero firme, sostuvo: “No hay una sola prueba que justifique esta condena. Esta no es una sentencia judicial, es una operación política. No me van a quebrar”.