Manual del buen patrón - El Gobierno lanza una reforma laboral que flexibiliza derechos, reduce impuestos a empresas y debilita a los sindicatos
La iniciativa presentada en sesiones extraordinarias incluye la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la reducción de indemnizaciones y la ampliación de la jornada laboral a 12 horas diarias. Mientras las empresas reciben beneficios impositivos, los gremios denuncian un ataque frontal a décadas de conquistas sociales.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2025. El Gobierno de Javier Milei presentó este martes una ambiciosa reforma laboral que busca modificar de raíz las relaciones entre trabajadores y empleadores, con un paquete de medidas que flexibiliza condiciones de contratación, reduce contribuciones patronales y altera derechos colectivos históricos. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, ya genera un tsunami de críticas desde el movimiento sindical, que lo interpreta como una ofensiva sin precedentes contra la organización gremial.
El nudo del asunto aparece cuando se desglosan los ejes centrales: se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, se reducen las bases de cálculo de las indemnizaciones al excluir vacaciones y aguinaldos, y se habilita la jornada laboral de hasta 12 horas diarias con bancos de horas que reemplazan el pago de extras. Paralelamente, las empresas recibirán una rebaja permanente de contribuciones patronales y una reducción de alícuotas del impuesto a las ganancias, mientras se crea un régimen de incentivos para inversiones con montos mínimos en dólares.
El diagnóstico político es claro: el oficialismo apuesta a un cambio estructural que traslada poder desde los trabajadores organizados hacia el sector empresario, bajo el argumento de fomentar el empleo privado. La maniobra intenta desarticular décadas de construcción sindical peronista y nacional, que garantizaron pisos salariales y condiciones dignas. La pregunta que sobrevuela es si el Congreso, con una oposición alerta, permitirá semejante retroceso en plena crisis social.
La reforma también incluye cambios sutiles pero profundos: las empresas ya no estarán obligadas a retener la cuota sindical sin autorización expresa del trabajador, y se favorecen los convenios por empresa sobre los de actividad. Además, se amplían las actividades consideradas esenciales para limitar huelgas, reviviendo el espíritu del polémico decreto 70/23. Cada cláusula parece diseñada para erosionar, ladrillo a ladrillo, el andamiaje protector que el peronismo levantó como bandera de justicia social.