Presupuesto tramposo - El oficialismo intenta derogar derechos sociales por la puerta de atrás
Mientras el gobierno de Javier Milei promete respetar las instituciones, su proyecto presupuestario para 2026 busca eliminar leyes de discapacidad y financiamiento universitario votadas por el Congreso. El diputado Maximiliano Ferraro denunció el intento como un 'mamarracho jurídico' que vulnera derechos conquistados.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2025. En medio del debate por el Presupuesto 2026, el oficialismo libertario intenta una maniobra que pone en jaque la institucionalidad democrática: derogar por la vía presupuestaria las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. Normas que fueron votadas y ratificadas en múltiples oportunidades por el Congreso Nacional, representando conquistas sociales históricas, ahora están en la mira de un gobierno que prefiere el atajo administrativo al debate parlamentario.
El diputado Maximiliano Ferraro no dudó en calificar la maniobra como un 'mamarracho jurídico', exponiendo la contradicción entre el discurso oficial de respeto a las instituciones y la práctica concreta de socavarlas. Mientras desde la Casa Rosada se habla de republicanismo, el proyecto presupuestario busca eliminar por decreto financiero lo que el Poder Legislativo estableció como derechos. Una estrategia que evade el debate democrático y pretende imponer por la fuerza del número lo que no se logró con argumentos en el recinto.
La jugada revela una lógica política preocupante: en lugar de presentar proyectos de ley para modificar o derogar estas normas, el gobierno opta por el camino más corto y menos transparente. Las universidades públicas y las personas con discapacidad, sectores que históricamente han sido protegidos por políticas de Estado con consenso amplio, quedan expuestos a la discrecionalidad de un ajuste que no distingue entre gasto superfluo y derecho fundamental. Lo que está en juego no es solo el financiamiento, sino la propia noción de que las leyes votadas por representantes del pueblo tienen validez más allá de los ciclos electorales.
Frente a este escenario, el espacio nacional y popular emerge una vez más como garante de las conquistas sociales. La denuncia de Ferraro encuentra eco en una tradición política que siempre defendió la educación pública como motor de movilidad social y los derechos de las personas con discapacidad como compromiso civilizatorio. Mientras el oficialismo busca desmantelar por la puerta de atrás lo que costó décadas construir, la resistencia democrática se organiza para recordar que las instituciones no son meros trámites burocráticos, sino herramientas de protección ciudadana.